El juez en su auto dice que en el edificio "se están realizando actividades para fines sociales en beneficio de la comunidad y que lo hace de modo adecuado sin causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado".
En un comunicado emitido esta mañana por el Centro Social Okupado Autogestionado La Madreña se hacía publica la decisión del juez de rechazar el desalojo cautelar de dicho espacio. En el mismo se podía leer "consideramos que es una prueba de su arraigo en la sociedad y un éxito de todas las personas y colectivos que han contribuido a lo largo de dos años y medios a hacer del edificio de General Elorza 32 un espacio vivo y abierto a la participación ciudadana"
El auto del juez afirma "no procede en tanto que, tras haber transcurrido dos años desde el inicio del procedimiento, no se nos indica que se pretenda por la propiedad dar un fin al inmueble, ocupado por quien lo utiliza para fines sociales en beneficio de la comunidad y que lo hace de modo adecuado sin causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado, es decir, la situación actual no consta le cause perjuicio a la propiedad más allá del lógico interés que tiene en recuperar la posesión del inmueble del que es titular, pero simplemente ello no legitima su adopción".
Desde el centro social se considera que "la medida judicial viene a refrendar legalmente lo que ya es visto como algo normal y de sentido común para la inmensa mayoría de la opinión pública: que no tiene sentido desalojar un edificio ocupado cuando este está prestando algún tipo de servicio a la comunidad".
Desde el pasado mes de septiembre este centro social se enfrentaba a un proceso judicial por el cual fueron imputadas cinco personas tras la denuncia de la empresa constructora SEDES, propietaria del edificio. Ante la denuncia, la asamblea que gestiona el espacio presentó la firma de 350 personas que se autoinculparon ante la Audiencia Provincial de Oviedo como participantes en el CSO La Madreña. A este respecto, el comunicado emitido por el centro social afirma que "cinco personas siguen siendo injustamente acusadas del delito de usurpación por SEDES y se seguirá dando la batalla no sólo por la continuidad del Centro, sino también porque sean castigados los responsables políticos y empresariales que llevaron a esta constructora semipública a su ruina con la turbia "Operación de los Palacios".
Desde el centro social se considera que "la medida judicial viene a refrendar legalmente lo que ya es visto como algo normal y de sentido común para la inmensa mayoría de la opinión pública: que no tiene sentido desalojar un edificio ocupado cuando este está prestando algún tipo de servicio a la comunidad".
Desde el pasado mes de septiembre este centro social se enfrentaba a un proceso judicial por el cual fueron imputadas cinco personas tras la denuncia de la empresa constructora SEDES, propietaria del edificio. Ante la denuncia, la asamblea que gestiona el espacio presentó la firma de 350 personas que se autoinculparon ante la Audiencia Provincial de Oviedo como participantes en el CSO La Madreña. A este respecto, el comunicado emitido por el centro social afirma que "cinco personas siguen siendo injustamente acusadas del delito de usurpación por SEDES y se seguirá dando la batalla no sólo por la continuidad del Centro, sino también porque sean castigados los responsables políticos y empresariales que llevaron a esta constructora semipública a su ruina con la turbia "Operación de los Palacios".
El primer centro social okupado de Oviedo
En noviembre de 2011, como parte de la ola de toma de espacios abandonados que se produjo a lo largo y ancho del Estado español tras el estallido del 15M, nació en Oviedo La Madreña. Este espacio se ubica en las antiguas instalaciones de la Consejería de Salud del del Principado. Desde entonces La Madreña se ha convertido en un centro de referencia en Asturias para la cultura popular y la participación ciudadana.
El edificio sobre el cual había un plan de ser derribado para la construcción de viviendas de lujo, era señalado en el comunicado emitido tras la toma del edificio como un "símbolo de la especulación urbanística en Asturias y en Oviedo".
En 2007 el Principado compró por 60 millones de euros parte del complejo levantado en la capital asturiana por Santiago Calatrava para la empresa Jovellanos XXI, para ubicar dependencias administrativas. La administración asturiana vendió varias parcelas, entre ellas la que alberga actualmente La Madreña para financiar esa operación. Pero, según un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas dos años después, el Principado incumplió la Ley de Patrimonio, ya que esta operación debería haberse aprobado en el Parlamento regional.
El edificio sobre el cual había un plan de ser derribado para la construcción de viviendas de lujo, era señalado en el comunicado emitido tras la toma del edificio como un "símbolo de la especulación urbanística en Asturias y en Oviedo".
En 2007 el Principado compró por 60 millones de euros parte del complejo levantado en la capital asturiana por Santiago Calatrava para la empresa Jovellanos XXI, para ubicar dependencias administrativas. La administración asturiana vendió varias parcelas, entre ellas la que alberga actualmente La Madreña para financiar esa operación. Pero, según un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas dos años después, el Principado incumplió la Ley de Patrimonio, ya que esta operación debería haberse aprobado en el Parlamento regional.
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