Así, con esta maniobra burocrática, a golpe de normativa que se cumple cuando quien organiza no es amigo de ningún vicealcalde, la policía judicial imponía a escasos 5 minutos del comienzo del concierto la cancelación del mismo.
A las 17:00h llegaron a la calle Batalla de Belchite decenas de dotaciones policiales que convirtieron la zona en un auténtico estado policial. Varias unidades de la Policía Municipal de Madrid y una dotación de bomberos pidieron acceder a la sala para dar el ‘visto bueno’ a la realización del evento. Tras momentos de tensión, nos entregaron una orden del Juzgado de Instrucción para inspeccionar las condiciones del inmueble y comprobar si reunía los requisitos para albergar el festival.
Después de cerciorarnos que no se produciría el desalojo del CSOA, varios agentes, bomberos y miembros de la policía judicial entraron en La Traba para cumplir con el paripé que era dicho registro y comunicarnos lo que esperado, lo que buscaban: la orden de suspensión del concierto.
Primero intentaron pararnos en la Sala Rock Kitchen, con amenazas policiales a la sala para forzar a cancelar los conciertos “voluntariamente”. En un gesto de solidaridad, los compañeros del CSOA La Traba cedieron el espacio para la realización del festival, demostrando el papel de los movimientos sociales cuando la dictadura del capital se quita la máscara. Pero se vuelve a comprobar que esto al parecer es peligroso para el sistema, que al comprobar que con sus amenazas no consiguieron parar el concierto en apoyo a los detenidos durante la Huelga General del 14-N, decidieron imponer su ‘vía legal’ a través de sus fuerzas de seguridad.
Sólo nos queda pedir disculpas a los que no pudisteis disfrutar del concierto y dar las gracias a grupos y todos los que habéis intentado que esto saliese adelante, así como al CSOA la Traba, una vez más, por cedernos el espacio sabiendo lo que esto conllevaba.
Respecto a las entradas, la ley nos obliga a su devolución, pero animamos a la gente a ser solidaria y no devolverlas, el dinero recaudado sigue siendo para el mismo fin. Además al trasladar el evento a la Traba han aumentado gastos que no podemos ya recuperar; alquiler de equipo e iluminación, compra de bebida, alquiler de sanitarios, desplazamiento de los grupos, etc. Rogamos encarecidamente que la gente no las devuelva, sería legitimar al Ayuntamiento de Madrid y poner a los organizadores en verdaderos apuros económicos. Con esta censura lo que han pretendido es que no llegue esa ayuda a los detenidos, esa es la batalla que quieren que perdamos y es lo que no debemos permitir.
Seguiremos dando guerra
No pasarán
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